La justicia contra el odio

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha resuelto definitivamente el recurso presentando por (la etarra) Inés del Río (condenada a 3.828 años por 24 asesinatos): la llamada ‘doctrina Parot’, con carácter retroactivo, vulnera el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo considera que es una detención ilegal la permanencia de esta persona en prisión. Esta sentencia sienta jurisprudencia, tiene carácter vinculante y que el Estado español debe acatar y cumplir la resolución judicial.

Claro, es el deber de todos poner dos cosas sobre la mesa: la primera, que la justicia no se basa en ninguna venganza, sino en el intentar que los presos vuelvan a ser personas… (es decir, el paso de una persona por la prisión debe servir para que se reinserte en la sociedad). La segunda, el dolor de los familiares de las víctimas nos nubla a muchos por completo, porque nuestro corazón lógicamente se pone de su lado (todos nos ponemos en su piel y entendemos la rabia que sienten al no poder ver jamás al familiar y/o amigo que le han matado), pero la cabeza debe prevalecer siempre, y es por eso que las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo no deben ser quienes le digan a los gobiernos lo que tienen que hacer. Apoyo, comprensión y ayuda toda la que quieran, pero en lo demás, no es tarea de ellos.

Lo ocurrido hoy es un palo para la Democracia española. Toda esta historia comienza con el ‘olvido’ en el Código Penal anterior al de 1995 de legislar qué pasaba con asesinos en serie, múltiples (terroristas o no), o violadores con más de una víctima. No se legisló si los beneficios penitenciarios suponían una reducción de pena (que como mucho puede ser de 30 años, se haya asesinado a 1 ó 20). Por tanto, se aplicaban de igual manera a condenados con varias condenas a las espaldas que superaran los 30 años o a condenados con una sola condena (la ley hablaba de aplicarlos no a cada condena, sino al cómputo global de 30 años). Cuando los presos por terrorismo con varias muertes a las espaldas solicitaron (como el resto de presos) que se les computaran los beneficios penitenciarios a los que habían accedido y su salida de prisión por cumplimiento de condena, los Tribunales empezaron a negárselos interpretando que como tenían más de una condena a sus espaldas los beneficios no eran sobre el máximo de cárcel permitido sino por cada condena. Es por eso que se llegó al TEDH (porque la ley española no preveía el criterio de la ‘doctrina Parot’).

Al no preverse y aplicarse se conculcan los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque tanto nuestro Código Penal, como la Constitución y como la Declaración Universal de Derechos Humanos disponen que ninguna norma puede aplicarse con carácter retroactivo, a nadie, si la norma es restrictiva de derechos o/y libertades. Eso es lo que ha dictaminado Estrasburgo. La ‘doctrina Parot’ era una norma que eliminaba un derecho que tenían los presos al momento de ser juzgados y por tanto no se podía aplicar retroactivamente.

España ha estado años aplicando ilegalmente la ‘doctrina Parot’. Y un Estado de Derecho eso no se lo puede permitir aunque sea políticamente incorrecto decirlo…

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